En un grupo con varias entidades, los datos de sostenibilidad suelen recopilarse por sede, por país o por unidad de negocio. Alguien en la sede rellena una hoja de cálculo, la envía a la sede central, y allí se combina todo en un informe. Ese proceso funciona, hasta que algo sale mal. Entonces resulta que nadie sabe con exactitud quién era responsable del paso intermedio: la conversión de lecturas de contador en bruto a un factor de emisión, la decisión sobre a qué ejercicio contable pertenece una cifra, la corrección de una duplicación entre dos entidades.
La pregunta "quién es propietario de este proceso" es distinta de la pregunta "quién entrega esta cifra". La entrega es visible: alguien envía un archivo. La propiedad del proceso es invisible, hasta que falta. ¿Quién decide qué definición es válida cuando dos entidades siguen un enfoque distinto? ¿Quién detecta que un valor se sale del rango esperado antes de que llegue al informe? ¿A quién se puede recurrir cuando un auditor pregunta cómo se ha compuesto una cifra?
Con una sola entidad, suele haber una persona que lo supervisa todo, aunque esa supervisión sea informal. Con varias entidades, esa cobertura informal desaparece. Cada sede tiene su propia forma de trabajar, sus propios sistemas, su propia gente que siempre lo ha hecho así. La sede central ve el resultado final, no el proceso que hay detrás. Sin una asignación explícita de la propiedad, surge un grupo en el que todos piensan que otro vigila el puente entre los datos en bruto y la cifra reportada.
Esto se manifiesta en varios niveles a la vez. Está la pregunta de quién es propietario de la definición de un dato: qué entidad determina qué significa exactamente "consumo de alcance 2" cuando el proveedor de energía varía según el país. Está la pregunta de quién es propietario del control: quién verifica que un valor haya sido aprobado antes de que continúe. Y está la pregunta subyacente que trata este artículo: quién es propietario del proceso en sí, desde el sistema fuente hasta la línea del informe.
Sin propietario, el proceso se convierte en un conjunto de costumbres. Alguien ajusta una fórmula en una hoja de cálculo porque le pareció más práctico, y nadie comprueba si ese ajuste también se ha aplicado en otro lugar. Una sede cambia de sistema contable y la nueva exportación tiene un orden de columnas distinto, algo que nadie nota hasta que las cifras dejan de sumar. Un nuevo empleado se hace cargo del informe y sigue las instrucciones de un predecesor que ya se ha marchado, sin saber por qué un paso determinado está configurado de esa manera.
Las consecuencias suelen hacerse visibles solo en el momento en que alguien externo lo examina: en una auditoría, ante una pregunta de un supervisor, la primera vez que hay que justificar una cifra. Entonces resulta que nadie puede reconstruir cómo se originó un número, porque nadie tenía esa responsabilidad de forma formal. Este es precisamente el tema de qué hacer cuando nadie es propietario en un grupo con varias entidades: no una cuestión de culpa, sino un vacío estructural surgido por el crecimiento, las fusiones o simplemente el tiempo.
Es tentador resolver este problema con un organigrama: un nombre junto a un departamento. Eso no funciona, porque el proceso que subyace a los datos de sostenibilidad no consiste en un solo paso. Está el registro de la fuente, la conversión a una unidad o factor, la verificación de valores válidos, la consolidación entre entidades, y el registro final en el informe. Cada paso puede tener un propietario distinto, siempre que esto quede establecido explícitamente y no se dé por supuesto.
Lo que ayuda en este punto no es un reparto de tareas vago, sino un registro concreto: por cada dato, la pregunta de quién gestiona la fuente, quién realiza la conversión, quién aprueba el resultado. A esto se añade la pregunta de qué es un valor válido, porque sin una definición compartida de qué es un valor válido, ningún propietario puede verificar si una cifra es correcta antes de que continúe. Y sin una forma de señalar valores que se desvían, como se describe en cómo configurar una desviación de señal, el control sigue dependiendo de quién, por casualidad, vuelva a revisar la cifra.
Una vez que la propiedad del proceso se ha asignado, por dato y por paso, surge otro tipo de conocimiento: exactamente quién realiza qué acción, con qué frecuencia y a partir de qué fuente. Ese panorama permite plantear una pregunta posterior que va más allá de quién es responsable, es decir, qué parte de ese trabajo puede asumir después la automatización. El escáner de trabajo de FTE TO AI calcula, por tarea, qué parte del trabajo puede ser asumida por la IA, partiendo de las tareas tal como se han hecho visibles tras asignar la propiedad. Sin esa asignación no hay tarea que escanear, solo un proceso que nadie puede explicar.
El Data Readiness Scan, que mapea el registro de datos, el linaje por dato y la propiedad, se está desarrollando ahora. Quien desee apuntarse a la lista de espera para acceder en cuanto el escáner esté disponible, puede registrarse. Por ahora no hay ninguna herramienta que se pueda encargar, pero sí un lugar donde ser el primero en recibir noticias cuando esté lista.
Vraag maar waar een datapunt vandaan komt. Dat is meestal de hele vraag.
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